El Reciente anuncio del Sr. Zapatero de reformar las pensiones para el mes próximo es un claro incumplimiento del Art. 50 de nuestra Carta Magna que dice que “los poderes públicos garantizarán mediantes pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos de la tercera edad”.
Ya está bien de falsas hipocresías, cuando de cambiar la constitución hablamos, de arcaicos determinismos históricos, de absurdos romanticismos o de sempiternos chantajes, después de 32 años.
Mientras los representantes políticos del bipartidismo español, andan lanzado proclamas, felicitaciones y loas a nuestra Constitución, desde el pasado viernes (no sé si por quedarse tranquilos para el puente de la Idem), lo que tenían que hacer son dos cosas más que urgentes: La primera, actualizarla (hasta el Vaticano II hablaba de “los signos de los tiempos” que, por cierto, distan mucho de los vigentes en 1978. Y la segunda, aplicarla íntegramente, en el mientras tanto.
El coordinador federal de IU, Cayo Lara así lo denunciaba hace unos días: “la Carta Magna está para cumplirse, y hoy se vulneran especialmente tres artículos: el 35 (derecho al trabajo), el 41 (protección al desempleo) y el 47 (derecho a la vivienda)”. La verdad es que hay muchos más vilipendiados, como el 50 con el que arrancábamos (pensiones adecuadas y actualizadas), el 40.1 (distribución equitativa de la renta) o el 43.1 (Protección a la salud), por no ser exhaustivos.
Y, si no se nos tacha de partidistas, no digamos ya los francos incumplimientos y retrocesos en la laicidad del Estado, donde la constitución habla claramente de la separación entre éste y cualquier tipo de religión; 
el débil sustento de la monarquía heredada del tardo franquismo y hoy mas que incongruente ante el hecho sucesorio, o la clara inconstitucionalidad –ética y democrática al menos- de la injusta Ley electoral actual que permite que un partido nacionalista con la mitad de votos que otro nacional, tenga el doble de representación parlamentaria y se preste a chantajear al mismo gobierno estatal.
La IX Asamblea federal de IU, ya lo aprobó hace dos años: “no es suficiente que la Constitución recoja el derecho a una pensión digna para evitar la pobreza en los últimos años de nuestras vidas, ni que figure que todos somos iguales ante la Ley. No tiene ningún valor efectivo que se proclame el derecho a la vivienda o la subordinación de la riqueza del país al interés general, (…) si tras estos artículos no figuran otros que garanticen constitucionalmente su ejecución. Apostamos claramente por la profundización democrática, por métodos participativos de ejercicio democrático para la ciudadanía, y por la elegibilidad de todas las instituciones y poderes reales del Estado, incluyendo aquéllos que nunca se han sometido al veredicto de las urnas, como es la Jefatura del Estado, el poder económico o el poder mediático”. 
Mi apuesta, también suscribe lo aprobado por la organización a la que represento y es muy clara: hace falta ya, “una reforma constitucional para llegar a una república federal, democrática y solidaria, capaz de garantizar los mismos derechos económicos y sociales a la ciudadanía independientemente del territorio donde resida”… (Para ver completa esta propuesta pueden visitar mi blog o la Web de IU Federal).
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