La formación presentó ayer un plan de vivienda que controle el parque residencial «sobredimensionado» Apuesta por fomentar el alquiler, controlar el fraude, medidas de carácter financiero y mantener el empleo De LA VERDAD. ELÍAS JIMÉNEZ Ofrecer a los promotores la reclasificación de las viviendas que no están como VPO, rebajando el precio y por tanto ganando menos dinero rebajando su margen de beneficios. Se trata de una de las trece propuestas que se contemplan en el Plan de Vivienda presentado ayer por Izquierda Unida a los medios de comunicación y que la formación presentará a los diversos colectivos al carecer de representación en las Cortes regionales. El coordinador provincial de Izquierda Unida, Luis Ángel Aguilar, justificó la presentación de este plan de vivienda en la necesidad de solucionar un problema generado por «un crecimiento económico insostenible, basado en la especulación inmobiliaria y financiera», pero también porque consideran que las medidas que la Junta está llevando a cabo «favorecen más a los bancos y a los constructores que a los ciudadanos». Por este motivo, arremetió nuevamente contra el nuevo plan aprobado por la Junta que contempla la construcción de las viviendas de iniciativa público-privadas «que pretende tapar el fracaso de la política de vivienda y el incumplimiento de la promesa de construir 50.000 viviendas protegidas, elevando el precio de las VPO y sin dar solución a más del 80% de los inscritos en el registro de demandantes». Objetivos Aguilar explicó que el plan presentado por IU tiene como objetivos facilitar el acceso a la vivienda «en condiciones dignas y asequibles»; reducir el precio de la vivienda de promoción pública; que exista una intervención pública en la planificación, promoción y construcción de viviendas; apostar por un desarrollo urbano sostenible con políticas de regeneración urbana; o luchar contra el fraude. Entre las medidas propuestas por la formación izquierdista resaltan algunas como la de homologar el precio de la vivienda protegida en toda la Región, la eliminación de las modalidades de vivienda de precio tasado y de precio concertado, la determinación de los precios de las viviendas protegidas en función de la renta, los salarios o los costes de construcción. Una de las medidas más importantes es la de controlar un parque residencial que consideran «sobredimensionado» con medidas como tratar de dar salida a las 85.000 viviendas construidas y que se han quedado sin vender ofreciéndoles una reclasificación como VPO tratando así de cubrir una parte de la demanda existente, de buscar un crecimiento más ordenado y minimizar las repercusiones para el sector. También se aboga por adaptar la normativa de Castilla-La Mancha a la nueva Ley del Suelo, «sólo queremos que se cumpla la ley, que hasta ahora no se está haciendo». Otra de las medidas destacadas serían las medidas de carácter financiero destinadas a los compradores y al sector público, o impulsar el alquiler tratando de dar salida a las viviendas vacías. Se plantea también luchar contra el fraude en la transmisión de viviendas reforzando el servicio de inspección y mantener el empleo.
