Se encuentran en huelga indefinida desde el 4 de febrero de 2008, convocados por los sindicatos CC.OO., UGT y CSI-CSIF.
Toledo, 24 de febrero. (Comunicación IU-CLM). Para Izquierda Unida, la equiparación retributiva por los funcionarios de Justicia que prestan sus servicios en las comunidades autónomas con las competencias de justicia no transferidas respecto de los funcionarios dependientes de las comunidades autónomas que ya la ejercen(Castilla-La Mancha aún no ha recibido estas competencias) es una reivindicación de justicia social y pretende acabar con la desigualdad y la discriminación salarial de unos trabajadores sobre otros que realizando las mismas funciones perciben retribuciones menores.
Para Cayo Lara “ no se puede seguir manteniendo una situación claramente discriminatoria donde no se cumple aquel principio fundamental de igualdad en el mundo laboral, consistente en igual trabajo, igual retribución”. Consideramos una circunstancia grave y a erradicar que según el ritmo de transferencias de competencias, en este caso las de Justicia, haya comunidades autónomas, como Castilla-La Mancha, que sufran distinto trato laboral y provoquen discriminaciones entre trabajadores que prestan los mismos servicios ante sus respectivos ciudadanos, que finalmente acaban siendo los afectados de forma indirecta”, añadió.
Según el Coordinador Regional de IU, “la situación actual es fruto de la incapacidad puesta de manifiesto por la Administración Central y la Autonómica para realizar las transferencias, lo que ha provocado que en Castilla-La Mancha tengamos trabajadores de “segunda” en la Administración de Justicia, algo absolutamente injustificable e insostenible en el tiempo. Se trata de un servicio público con trabajadores discriminados, lo que acaba por deteriorar el propio servicio.”
La equiparación retributiva de los 10.000 funcionarios afectados únicamente le supondría al Estado un gasto de 23 millones de Euros, cifra muy asequible si tenemos en cuenta, por ejemplo, que sólo la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha va a gastar unos 32 millones para 18.000 empleados públicos, o que el aumento de sueldo de los 161 altos cargos de la Junta supondrá un gasto anual de 6 millones de euros aproximadamente, o que la Junta va ha dejar de recaudar para las arcas públicas unos 50 millones de Euros por la eliminación del Impuesto de Sucesiones, o que el Estado dejará de ingresar unos 1.000 millones de euros por la eliminación del Impuesto de Patrimonio, impuesto ambos que afectan a los más ricos de nuestra sociedad.
Las movilizaciones de los funcionarios de Justicia vienen a poner de manifiesto que las políticas fiscales defendidas por el PP y por el PSOE, que propugnan las bajadas sucesivas y constantes de los impuestos directos(IRPF, Impuesto de Sucesiones, Impuesto del Patrimonio) ponen en peligro la calidad de los servicios públicos por la falta de inversión en los mismos y su consecuente deterioro, es incompatible bajar los impuestos directos y tener mejores servicios, además es injusto, socialmente hablando, por la cada vez más pronunciada ausencia de la progresividad fiscal.
