Denuncian que, en la práctica, supone elevar entre un 43 y un 82% el precio de la vivienda protegida
MAITE MARTÍNEZ. LA VERDAD
A Izquierda Unida no le gusta nada la nueva iniciativa en materia de vivienda del Gobierno de José María Barreda. El coordinador provincial de IU, Luis Ángel Aguilar, expuso ayer en rueda de prensa las razones por las que no están de acuerdo con esa «rimbombante» propuesta de la vivienda público-privada, que recordemos consiste en prestar apoyo financiero y conceder ayudas a los promotores, a cambio de que vendan las viviendas de entre 70 y 90 metros cuadrados a un precio no superior a los 130.000 y 150.000 euros. Es más, el Gobierno de Barreda les promete que si no venden estas viviendas, la Junta se las comprará, «cosa que después de lo ocurrido al Pocero de Seseña, es más ventajoso que unos beneficios hipotéticamente superiores», dice la coalición.
Pues bien, para IU, con estas medidas Barreda demuestra que en campaña electoral «hace discursos sociales y de izquierdas», pero luego sus políticas «no pueden ser más conservadoras para favorecer a la parte más ambiciosa del empresariado».
Ayudar al empresariado
Recuerda la coalición que en la época de ‘vacas gordas’ y de bonanza económica, los empresarios han obtenido unos «exagerados beneficios» gracias a la «exigua promoción de vivienda protegida por un Gobierno que miraba para otro lado ante las escandalosas hipotecas que tenían que contraer los jóvenes». En concreto, destacan que entre el año 2000 y el 2005, se construyeron menos de 7.000 viviendas protegidas, frente a las más de 99.000 de renta libre. Pero, ahora, «llegan las ‘vacas flacas’ y los jóvenes han dicho basta, que no compran viviendas tan caras y los promotores ya no venden», argumentó el coordinador de IU, criticando que sea ahora cuando se haya propuesto intervenir la Junta.
Sobre la propuesta en sí, IU detalló que pagando las viviendas a 130.000 euros los pisos de 70 metros, se estarían «violando» los precios de los módulos de protección oficial, pues se estaría pagando a 1.857 euros el metro, cuando ahora el precio para la vivienda protegida de régimen general se limita a los 1.164 euros como máximo.
«Esta oferta es leonina para los demandantes de vivienda y altamente beneficiosa para los constructores», denunció Aguilar que exigió a la Junta que, en lugar de adoptar este tipo de medidas, cumpla con su promesa electoral de facilitar una vivienda protegida a las 40.000 personas que están inscritos en el Registro Único -8.000 de ellos en Albacete- en el plazo de un año o, por el contrario, les financie el alquiler.
