Con la alevosía a la que nos tiene ya tristemente acostumbrados este perverso gobierno, el pasado 29 de noviembre aprobó en el Consejo de Ministros el “Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana”, ya conocido popularmente como “Ley Mordaza” por cuanto en lugar de “garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos” como dice el ministro Fernández Díaz, lo que pretende realmente es acallar cualquier disenso social ante sus duras políticas de recortes, corrupción, mentiras, etc y reprimir y criminalizar la protesta pacífica ciudadana. No en vano si a la socialista Ley Corcuera de 1992, que ya aplicaba una serie de restricciones de derechos importantes, se le llamó coloquialmente “Ley de patada en la puerta”, ahora a esta nueva agresión legislativa se le llame “Ley de patada en la boca”.

Considerando que este punto de inflexión es un “rien va plus” en lo que a recortes de derechos y libertades se refiere, la Plataforma Stop Desahucios de Albacete ha convocado para mañana sábado 14 de diciembre a las 12 h. una concentración autorizada, para protestar pacíficamente, como es su habitual costumbre, contra la cínicamente llamada “Ley de Seguridad Ciudadana”. Y lo hace por considerarla una tremenda e irresponsable barbaridad que nos retrotrae a los peores tiempos del tardofranquismo español al pasar por encima del poder judicial (controlados ya el ejecutivo y el legislativo) y permitir que, desde las subdelegaciones del Gobierno o con la sola actuación administrativa de la policía, se sancione con enormes multas de hasta 600.000 €, sin necesidad de pasar por el juez. Amén de dejar enormemente indefensa a la ciudadanía discrepante, al necesitar más de 2.500 € si quisiera recurrir esas posibles sanciones. Para mejor entender lo aberrante y perverso que es, basta con recordar la cantidad de multas impuestas por la subdelegada del Gobierno en Madrid, la odiada Cristina Cifuentes, a compañeros del movimiento social por manifestarse pacíficamente y que luego los tribunales le han echado para atrás.

Muchos son los colectivos que ya se van pronunciando ante tamaño engaño, por parte de un denostado gobierno que, no contento con haber agotado todo tipo de recortes posibles, ahora empiezan con los recortes de derechos ciudadanos ante la más que probable movilización de una ciudadanía a la que cada día le queda menos que perder.
Incluso en Europa ya están mirando con lupa esta nueva barrabasada del gobierno Español y fácilmente prevemos que un día no muy lejano, esta futura Ley Orgánica sea tachada de inconstitucional.

Pero hay críticas interesadas que se nos quedan muy cortas si solo se circunscriben a meras palabras en el Congreso, como las protagonizadas entre las dos Sorayas, ante la ausencia de un ridículo Rajoy que dormía de la emoción que le produjo volver al estadio en el que España ganó el mundial, aunque fuera el funeral de Mandela.
Porque ¿A que espera el PSOE para interponer recurso de inconstitucionalidad, o anunciar al menos su intención? Según el artículo 162 de nuestra Constitución Española son el único grupo que puede hacerlo por tener más de los 50 diputados/senadores requeridos. Así que menos grandielocuencia calificando de “represión ciudadana” la nueva ley de seguridad y más consecuencia, intentando pararla de verdad.
Cada día son más las y los activistas sociales multados por participar en concentraciones, manifestaciones y protestas pacíficas por la defensa de la educación, la sanidad, la dependencia o los servicios públicos, contra desahucios y desalojos o por la defensa de los derechos humanos. En muchos casos, las multas se han realizado arbitrariamente y por mera identificación visual, sin que haya habido identificación directa por parte de la policía, lo que confirma la existencia de listas negras y muestra el grado de criminalización de la protesta social al que hemos llegado. Primero con la reforma del Código Penal y, ahora con la «Ley mordaza», ambas normativas encaminadas a reducir los espacios para la libre expresión y ambas diseñadas a medida para aumentar la represión y la sanción de las prácticas pacíficas de lucha colectiva desarrolladas en los últimos años, como el caso de los «escraches».

Lo dijimos públicamente hace unos días Van a por nosotros. Pero son cobardes y nos tienen miedo porque somos más. Y recordábamos, junto a la Cooperativa Red Jurídica que la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana puede resultar incluso más preocupante que la reforma del Código Penal, por el hecho que consideramos gravísimo de que las delegaciones del gobierno pueden hacer caja sin pasar por el juez. Y esto no pasaba desde las leyes franquistas también llamadas de Orden Público.
Desde la Plataforma Stop Desahucios Albacete, conscientes de que la situación se ha convertido ya en insostenible, hemos considerado imprescindible salir ya a la calle, porque es de la calle de donde nos quieren echar. Y movilizarnos para expresar nuestro rechazo a estas injustas leyes porque, por muchas veces que nos lo repitan, la protesta social no es ningún crimen y luchar pacíficamente por los derechos y libertades nunca puede ser un delito.

Por todo ello, invitamos a participar en la Concentración (preceptivamente comunicada en tiempo y forma, y ya sabemos que autorizada y por tanto sin multas) que tendrá lugar el próximo sábado 14 de diciembre a las 12:00 de la mañana, frente a la subdelegación del gobierno en la Avenida de España.
¡FRENTE A LA REPRESIÓN, LUCHA! — ¡FRENTE A LA INJUSTICIA, SOLIDARIDAD!

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Profesor albaceteño con más de 34 años de ejercicio. Logopeda y especialista en Pedagogía Terapéutica. Ya jubilado. Miembro de la "Comunidad del Olivo" que forma parte de las Comunidades Cristianas Populares (CCP) y en cuya coordinadora estatal, representa a las Redes Cristianas, en cuya coordinadora estatal participa actualmente. También es miembro del consejo de redacción de UTOPIA, la revista de cristian@s de base. Pertenece a ATTAC, al colectivo de Apoyo al Inmigrante -ACAIM-, a la PAH (Stop Desahucios AB) o a la Plataforma contra la militarización de Albacete, CONMILAB, entre otras. Fue coordinador provincial de Nueva izquierda, desde su creacion. Posteriormente fue coordinador provincial de Izquierda Unida, desde 2007 hasta su dimisión en diciembre de 2010; candidato al Senado en 2004; compañero de Cayo Lara en la candidatura al parlamento regional de CLM en 2007; cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Albacete en 2008; candidato a las elecciones europeas por «La izquierda», y hasta julio de 2011, miembro de su Consejo Político Federal. Tras su paso activo por el 15-M, contribuyó a la creación de PODEMOS en Albacete, formación a la que pertenece y en la que ha sido el responsable de "Laicidad y Libertad de conciencia" del primer Consejo Ciudadano Estatal al que perteneció desde Noviembre de 2014 -Vistalegre I-, hasta Vistalegre II en febrero de 2017. En la actualidad es un mero militante.

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