El modelo especulativo de la Banca y de la SAREB (o banco malo), atenta contra los DDHH cada vez que llevan a cabo un desalojo en el que no ofrezcan una “alternativa habitacional” a la familia desahuciada como señaló recientemente la sentencia de Estrasburgo.
Los desahucios con fecha abierta, -nueva y perversa estratagema para intentar desmovilizar a las PAHs- y aquellos otros en los que, a las familias desahuciadas, no se les ofrezca una “alternativa habitacional” tal y como señala el derecho internacional, ya tienen un nuevo antídoto. Se trata de otra nueva herramienta que han preparado los servicios jurídicos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca junto al Observatori DESC, que basa sus argumentaciones en la pasada resolución del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo del 16 de octubre de 2013.
Con este interesante y valiosos documento, –disponible en la web de la PAH– se espera poder parar también nuevas ejecuciones hipotecarias, muchos desahucios por impago de alquiler y los desalojos por ocupaciones de viviendas vacías.
El escrito solicita se aplace el lanzamiento de la vivienda, en base a determinadas alegaciones y a partir de la conformidad con los artículos 10.2, 47 y 96.1 de la Constitución Española, con la normativa internacional sobre el derecho a una vivienda adecuada y sobre la prohibición de desalojos forzosos sin realojo previo, y principalmente en la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo en la materia, de la que se deriva la correspondiente responsabilidad del Estado en virtud de dicha jurisprudencia internacional, ya que
• Por un lado, el pasado 15 de octubre de 2013 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) paralizó cautelarmente el desalojo de dos familias que habitaban en un bloque de viviendas (el Bloc de Salt en Girona) propiedad de la Sociedad de Activos provenientes de la REestructuración Bancaria (SAREB), de conformidad con los derechos contemplados en los artículos 3 y 8 del CEDH y
• Por otro, y en este mismo sentido ya se había pronunciado el mismo tribunal al impedir cautelarmente el desalojo de su residencia habitual de dos familias de la ciudad de Madrid sin que previamente existiera una alternativa habitacional adecuada.
Y es que la citada Resolución de Estrasburgo tuvo el mérito de evidenciar un gran déficit estructural de las distintas administraciones públicas que no era otro que su falta de voluntad para dar respuesta a la vulneración de derechos humanos que supone esta sangría hipotecaria, motivo por el cual dicha sentencia –que debería ser de obligado cumplimiento- instaba a las administraciones central, autonómicas y municipales, a brindar una “alternativa habitacional” a las familias amenazadas por los desalojos, tal y como señala el derecho internacional vigente.
Independientemente de la presión social que seguiremos ejerciendo, avalados por la fuerza del encuentro estatal celebrado ayer mismo en Barcelona, con este documento se obligará a los bancos a cambiar de actitud a la hora de negociar la paralización de los desahucios y la concesión de los alquileres sociales; y si, hasta ahora, la gran mayoría de desahucios se han paralizado por el ejercicio de la presión a los bancos –en las calles y en sus sucursales- con esta nueva herramienta en manos de los muchos jueces sensibles con los derechos humanos que hay en nuestro país, vamos a poder detener muchos más desahucios y ocupar cientos de casas vacías de los miles que la banca acumula en este país.
Esperamos que este documento sea de una gran ayuda además para las recientes oficinas de mediación hipotecaria que están brotando por todo el país, así como para las y los abogados del “turno de Oficio” que de manera ordinaria o mediante los solicitados turnos específicos puedan implicarse más y mejor en este sangrante tema.
Como ya hemos señalado este documento es tan actualmente válido que sirve también para la última y perversa modalidad de desahucios que a este gobierno -acostumbrado a la permanente vulneración de derechos-, no le ha importado poner recientemente en marcha aún a costa de generar más ansiedad en las familias que van a ser desalojadas y que no saben ahora ni el día ni la hora en la que las van a echar de su vivienda, para que no vayan los miembros de las PAH a evitarlo; nos referimos a los llamados “desahucios con fecha abierta”.
