Dado que este tipo de noticias no aparecerán en los teletipos, ni por supuesto en las TV de este país (y de todo el mundo occidental, imperialista y europeo), quiero hacer mío el magnífico pronunciamiento de mis hermanos del Comité Óscar Romero (COR) de Cádiz porque me parece una muy justa denuncia contra la condecoración a Iván Duque.

Creo que  la concesión de la “Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica”, otorgada por el gobierno español al presidente de Colombia -Iván Duque- es totalmente impropia de un estado que se dice democrático, y para más INRI de un gobierno de coalición que se dice de izquierdas; además de constituir una auténtica vergüenza y un atentado contra el sentido común, la verdad, la justicia y los derechos y valores humanos que deberían regir en el mundo.

Ni como ciudadano, ni como creyente, ni como miembro de Podemos puedo aceptar este despropósito y humildemente desde este blog, denuncio este asqueroso blanqueamiento de un gobierno colombiano que han causado cientos de muertes y desapariciones en las últimas protestas ciudadanas y que ha sido acusado por organizaciones como Amnistía Internacional por el uso desproporcionado de la fuerza. Y no nos vale la excusa de que también se condecoró a los expresidentes anteriores como Álvaro Uribe, en 2005, (y del que ya denunciamos aquí la concesión de su polémico galardón de las Cortes de Cádiz) Juan Manuel Santos en 2015 o Andrés Pastrana en 1999.

Por todo ello, reproducimos en La Terca Utopía (donde ya hemos denunciado las tropelías que tienen que ver con Colombia) el valiente y fundamentado Articulo-Comunicado de los COR del Estado español, sobre dicha condecoración al indigno Iván Duque, y que lleva por título:

PELIGROSO DETERIORO Y UTILIZACIÓN DE LOS HONORES

1. Antecedentes

De acuerdo a los espeluznantes datos ofrecidos por el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia, con sus centenares de miles de asesinatos y desaparecidos y los más de 6 millones de desplazados, en los últimos 70 años, convierten a Colombia en el país más violento e inestable del planeta. Muchos indican que el inicio de la extrema violencia gubernamental que se ejerce en Colombia actualmente se inicia cuando, en 1948, se produce el magnicidio contra el liberal Jorge Eliecer Gaitán.

Lo cierto es que, a partir de ese momento se originan una serie de prácticas ilícitas que facilitan el bandidaje, las violaciones permanentes a los Derechos Humanos, el enriquecimiento ilegal y el terrorismo como medio de represión gubernamental. Es importante significar que, durante todo este periodo, los gobiernos colombianos han sido de derechas derivando a extrema.

Grandes empresarios, en connivencia con la clase política, crean las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que son grupos organizados de paramilitares, autorizados a utilizar armas para poder “defenderse”. Estos grupos coaccionan y emplean el terror contra la población en favor de los intereses empresariales o políticos. También controlan los distintos carteles de drogas. Hay que hacer notar que Colombia es el principal productor de cocaína del mundo y que Estados Unidos el mayor consumidor de ella.

De facto, el expresidente Álvaro Uribe, siendo gobernador de Antioquia, impulsó las cooperativas de vigilancia y seguridad privada para la vigilancia agraria (CONVIVIR), de las que surgieron “Las Águilas Negras”, uno de los grupos paramilitares más despiadados de Colombia. Nadie duda de que, Uribe, ha desempañado un importante y crucial papel en el fortalecimiento de toda esta perversa trama. No en vano sobre él pesan innumerables demandas y denuncias, existiendo aún varios casos abiertos sobre sobornos, manipulación de testigos y crímenes de lesa humanidad, entre otros.

Pero Uribe ha movido ficha para que el gobierno de Iván Duque, legitime con decretos el nombramiento de jueces y fiscales para obviar las múltiples imputaciones sobre el expresidente. Uno de los abogados más activos en estas demandas, Javier Ordoñez. Según el Centro de Memoria Histórica, se estima que existen más de 200 grupos paramilitares, también llamados “Escuadrones de la Muerte”.

Todo este consentido latrocinio ha motivado que, según el índice Gini, Colombia sea el país más desigual de Latinoamérica, donde la pobreza y el desempleo son alarmantes y que la gestión de la Pandemia se convierta también en una de las más desastrosas del continente americano. Que se naturalice los “falsos positivos”, los desaparecidos, las fosas comunes, los crematorios, el narcotráfico, la corrupción y los asesinatos selectivos.

De hecho, desde la firma de los incumplidos por el Gobierno Acuerdos de Paz, hace casi 4 años, han asesinado a más de 1500 líderes, sociales, indígenas, sindicales, afrodescendientes, excombatientes de las FARC, y defensores de los Derechos Humanos. Aún hoy, continúan tan selectivas e inhumanas masacres. Los gobiernos colombianos, con esta depravada forma de mantenerse en el poder, han sentado las bases para la implantación del execrable narco-paramilitar Estado del Terror. Un diabólico sistema que atenta contra la paz, la democracia y justicia mundial.

2. Actualidad

El pueblo colombiano, cansado de tanta ignominia, se levanta el 28 de abril, no solo en contra de la tercera Reforma Tributaria, a la que, una vez más y sin tocar a los enriquecidos, tenía que hacer frente un pueblo empobrecido, harto de ver como el gobierno despilfarra elevados presupuestos para sufragar los desorbitados sueldos de la nómina política, atender el clientelismo instalado para mantenerse en el poder o derivado a la escandalosa corrupción, sino que, además, se embarga con el FMI para endeudar a Colombia, hasta tres generaciones, en la adquisición desmesurada de amplio material bélico a costa de continuar reduciendo las inversiones sociales en salud, educación, alimentación, empleo, vivienda o reconducir la nefasta política agraria existente.

O sea, imponer la economía devastadora de la deuda externa y la inflación galopante por aquellos que privilegian el capital financiero sobre la vida de los pueblos. No se puede llamar política económica a aquello que no es sino un Tratado de Guerra escrito con la sangre de los oprimidos.

El pasado 28 de abril, masiva y pacíficamente y en justa y lícita denuncia, el pueblo inunda todas las ciudades de Colombia. La Reforma Tributaria queda relegada a un segundo plano cuando observan que, el presidente Duque, una vez más, intenta frenar las protestas con el habitual engaño.

Ahora se trata de discutir HACIA DONDE VA EL PAÍS.

No se trata de llamar a la calma y aquí no ha pasado nada, para que todo continúe como antes. Significaría una traición contra todos aquellos centenares de miles de personas que entregaron su vida por una Colombia en paz, igualdad y libertad. Para que sus compatriotas, hijos y nietos pudieran disfrutar de un bienestar al que tienen derecho.

Ahora se trata de que se produzca un cambio real y necesario.

Es entonces, cuando el gobierno colombiano, con Uribe en la sombra, descubren su verdadero rostro y ponen en marcha las maldades que acostumbran confabular en las tramoyas del poder colombiano. Infiltran paramilitares y policías en las manifestaciones, que son los que producen los actos vandálicos, como se ha podido comprobar en los múltiples videos que han circulado por las redes, e inmediatamente los medios hegemónicos de aquí, allá y acullá, reproducen miméticamente. “La policía tiene derecho a defenderse”, tal como diría también Biden con Israel.

Unos medios que callan los múltiples asesinatos que cometen los gobiernos colombianos contra el pueblo colombiano, desde hace varias décadas y ocultan el terror, el paramilitarismo, el narcotráfico y las actitudes dictatoriales de esos gobiernos. Lo cual, los convierte también en culpables de toda esta degradación humana que se está padeciendo en Colombia.

A partir de ese momento están “justificados” los asesinatos, las masacres, los desaparecidos, abusos sexuales por parte de la policía, los apresamientos discriminados en las propias viviendas, también la utilización de sofisticado armamento de guerra, como el lanzador de proyectiles múltiples y lanza llamas contra la población civil. Y comienzan a montar “falsos positivos” contra la “violenta población civil” y hasta con el grotesco caso de Jesús Santrich, guerrillero disidente de las FARC, que lo asesinan paramilitares en Colombia, lo trasladan a la frontera venezolana, le sacan unas fotografías y ya está servido el titular: “Maduro es el responsable de todos estos inclementes disturbios”.

Hasta el 19 de mayo, según las organizaciones Instituto de Desarrollo para la Paz y temblores, desde el 28 de abril se habían producido 51 asesinatos víctimas de la alta violencia de la policía y 359 desaparecidos, según la organización Unidad de Búsqueda, aunque la organización de Derechos Humanos, anunciaba la desaparición de 471 personas el 7 de mayo. Algunas de estas personas desaparecidas ya comienzan a aparecer muertos. Los heridos se cuentan por miles y las personas que han perdido un ojo rebasaban la treintena. Según datos actuales, Los asesinatos rebasan el centenar y el de desaparecidos los quinientos, aunque ya han aparecidos unas decenas muertos, algunos decapitados o amputados y casi todos con signos de torturas.

El desafío de remar contra la corriente del “pensamiento único” que, a golpe de balas, represión y empobrecimiento, quiere implantar estos gobiernos colombianos, es antidemocrático, inhumano e ilícito. Es por ello que, diversas organizaciones de Derechos Humanos, Sociales y Políticos de la oposición colombiana han interpuestos varias denuncias, en estamentos internacionales, contra Álvaro Uribe e Iván Duque por crímenes de lesa humanidad, entre otras.

3. Condecoración de Iván Duque.

Dentro de esta barbarie, el Gobierno de Iván Duque, se arma de cinismo e hipocresía y, con el objeto de “lavar la imagen” internacional del justiciero presidente, solicita, ni más ni menos, la concesión de la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica para un acusado de crímenes de lesa humanidad. Y lo peor del caso, es que el ministro de Exteriores español, lo tramita al Consejo de Ministros, como si nada hubiera pasado.

Supone una gran afrenta contra la Democracia, la Paz mundial y los Valores y Derechos Humanos esta inexplicable concesión a un presidente que no practica la Democracia, sino la dictadura gubernamental, que ha sembrado su país de violencia y brutal represión contra las justas reivindicaciones de su pueblo, que ha ordenado a la policía y grupos paramilitares que utilicen la fuerza de los asesinatos indiscriminados y selectivos contra aquellas personas que proclaman sus derechos constitucionales, que ha permitido la desaparición forzada de personas, con sus posteriores torturas y muertes y que también ha permitido que se practiquen abusos sexuales contra las mujeres detenidas en las cárceles.

Iván Duque es un presidente, como además todos saben, que ha continuado la estela del ex presidente Uribe, denominado popularmente como “matarife”, que fue uno de los iniciadores de la práctica paramilitar e impulsor del narco tráfico, elevando a Colombia a ser el primer exportador mundial de cocaína. Un presidente que instauró la perversa práctica de los “falsos positivos”.

Un presidente que también está acusado por crímenes de lesa humanidad.

Una concesión a Iván Duque que ofende a las decenas de miles de familias de todas y todos los asesinados a lo largo de este aciago infierno colombiano. Una concesión, que humilla a los millones de personas, especialmente jóvenes, que están luchando por una Colombia diferente, donde la igualdad de oportunidades, la paz, la libertad, la democracia y la justicia, a la que tienen derecho, sea una realidad.

Esta concesión supone una grave afrenta, también, contra los grandes valores humanos que necesitan regir en este mundo enfermo y que ayudan a enfermarlo aún más.

Esta otorgación, supone una grave afrenta contra la verdad. Esa necesaria verdad que clarifique las tenebrosas nubes que oscurecen a este mundo, indispensable para poder solucionar los embarazosos problemas actuales, capaces de legar a nuestras generaciones descendientes un mundo en paz, democrático, justo y feliz para todos sus habitantes.

Y esta incomprensible otorgación, supone una vergüenza nacional, que nunca entenderán las personas de bien a nivel mundial y que nos lastrará como un país endeble, sin carácter y genuflexo ante los oscuros intereses neoliberales.

Comités Oscar Romero del Estado español

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Profesor albaceteño con más de 34 años de ejercicio. Logopeda y especialista en Pedagogía Terapéutica. Ya jubilado. Miembro de la "Comunidad del Olivo" que forma parte de las Comunidades Cristianas Populares (CCP) y en cuya coordinadora estatal, representa a las Redes Cristianas, en cuya coordinadora estatal participa actualmente. También es miembro del consejo de redacción de UTOPIA, la revista de cristian@s de base. Pertenece a ATTAC, al colectivo de Apoyo al Inmigrante -ACAIM-, a la PAH (Stop Desahucios AB) o a la Plataforma contra la militarización de Albacete, CONMILAB, entre otras. Fue coordinador provincial de Nueva izquierda, desde su creacion. Posteriormente fue coordinador provincial de Izquierda Unida, desde 2007 hasta su dimisión en diciembre de 2010; candidato al Senado en 2004; compañero de Cayo Lara en la candidatura al parlamento regional de CLM en 2007; cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Albacete en 2008; candidato a las elecciones europeas por «La izquierda», y hasta julio de 2011, miembro de su Consejo Político Federal. Tras su paso activo por el 15-M, contribuyó a la creación de PODEMOS en Albacete, formación a la que pertenece y en la que ha sido el responsable de "Laicidad y Libertad de conciencia" del primer Consejo Ciudadano Estatal al que perteneció desde Noviembre de 2014 -Vistalegre I-, hasta Vistalegre II en febrero de 2017. En la actualidad es un mero militante.

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