…HAY QUE SACAR EL ABORTO DEL CÓDIGO PENAL
En nombre de las CCP del estado español a las que también represento y como coautor del siguiente escrito, os reproduzco a continuación cual es nuestra opinión sobre el siempre polémico tema, para que veáis que dentro de la iglesia católica, no todos los fieles piensan igual.
La coordinadora Estatal de Comunidades Cristianas Populares (CCP), ante la actualidad, confusión y tendenciosos debates existentes sobre la posible modificación de la ley del aborto vigente en España desde 1985, queremos alzar nuestra voz, como otra legítima voz de iglesia, y por ello ante la opinión pública MANIFESTAMOS QUE:
1.- RATIFICAMOS lo escrito en 1980, cuando las CCP del estado español elaboramos un amplio dossier sobre el aborto “para la discusión sobre su moralidad y posible despenalización legal”. En él decíamos cosas como que “despenalizar no es legalizar”, o que” el legislador, en nombre de la sociedad que le delega, debe optar por dejar a la madurez ciudadana la solución a cada conflicto concreto”. Dejábamos claro que “nadie está contra la vida, pero tampoco se pueden excluir otros valores o principios (…) y en este conflicto de principios no se puede resolver solo a favor de uno”. O también destacábamos nuestro malestar por la aplicación del principio del “mal menor” ya que “no todo mal viene del pecado, ni es necesariamente pecado….
2.- CONSTATAMOS cómo en la actualidad las leyes españolas no reconocen, ni garantizan el derecho de las mujeres a decidir sobre su propia Salud Sexual y Reproductiva, pues hoy día, el aborto voluntario es un delito penado con cárcel, tanto para la gestante como para el personal sanitario, salvo en tres excepcionales circunstancias.
3.- LAMENTAMOS la injerencia de una jerarquía católica que en su nombre y a través de sus brazos armados, los llamados “neocons”, están alentando a una abusiva objeción de conciencia y a una desobediencia civil generalizada, actuando como un verdadero lobby de presión. Ninguna iglesia es quien para imponer sus principios morales a toda una ciudadanía y menos en un estado aconfesional.
4.- MOSTRAMOS nuestra inquietud ante los ataques injustificados que están sufriendo miles de mujeres que interrumpieron su embarazo en el marco de la legislación vigente, así como los provocados a los profesionales sanitarios de los centros autorizados; NOS TEMEMOS que tales agresiones seguirán produciéndose mientras no sea modificada la legislación actual, una ley antigua que no responde siquiera a las recientes indicaciones del Consejo de Europa (salvo Irlanda y Bielorusia, la española es una de las más restrictivas del continente).
5.- CREMOS que es necesario un nuevo proyecto de ley que reforme la legislación vigente sobre IVE, para que ésta sea tratada en un ámbito sanitario y no en el judicial. Una nueva Ley que reconozca el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y su propia Salud Sexual y Reproductiva. Es urgente que el aborto salga ya del Código penal
6.- SOLICITAMOS finalmente que se garantice el derecho a abortar gratuitamente en un centro sanitario público de la comunidad autónoma en la que se resida. Si se tiene que respetar el derecho de los médicos a la objeción de conciencia, el estado debe regularla para garantizar la prestación del servicio. En un sistema público no debería haber objetores pero si los hubiera el Estado tiene la obligación de asegurar -como hace con los servicios mínimos en el caso de la huelga-, el cumplimiento de la ley.
