A dos años de la entrada en vigor de la Ley de Igualdad, la celebración del 8 de marzo nos da la oportunidad de exponer los problemas relativos a la igualdad de género que aún persisten en nuestra sociedad. Sin querer hacer un balance exhaustivo y reconociendo la importancia de la citada ley, a pesar de su lento desarrollo en algunos ámbitos (laboral por ejemplo), desde el área de la Mujer de Izquierda Unida de Albacete queremos plantear a la opinión pública la problemática específica de las mujeres centrándonos en tres asuntos de máximo interés: la necesidad del cambio de normativa que permita a las mujeres decidir libremente sobre la interrupción voluntaria del embarazo, la persistencia de la violencia de género que marca la vida de muchas mujeres y provoca la muerte de algunas, demasiadas siempre, cada año en España y las repercusiones de la crisis económica sobre las mujeres.
En la subcomisión parlamentaria constituida para debatir y analizar en torno a la interrupción voluntaria del embarazo el texto propuesto ya ha sido aprobado con el apoyo de los grupos de izquierda y todo parece indicar que se tiende a una normativa que reconozca el derecho de las mujeres a decidir, que termine con la consideración del aborto voluntario como delito y que garantice la seguridad jurídica de mujeres que interrumpen su embarazo y de los profesionales que les asisten. En este sentido, parece que se ha avanzado notablemente desde hace un año, cuando la ofensiva de grupos antiaborto y sectores conservadores y ultracatólicos colocó el problema del aborto en España en primer plano y puso en evidencia las insuficiencias de una legislación que nunca resolvió el asunto y siempre fue denunciada por sus carencias por el movimiento feminista.
Sin embargo, aún quedan aspectos de suma importancia por determinar, como por ejemplo el referido al número de semanas límites para interrumpir voluntariamente el embarazo; cómo se va a regular la objeción de conciencia del personal sanitario; o la edad a partir de la cual las mujeres tengan autonomía de decisión. Es imprescindible que estas cuestiones se concreten de modo que por fin se garanticen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres a la vez que se avance en la educación sexual y la prevención de embarazos no deseados, problema de salud pública de importancia creciente, en particular en colectivos como jóvenes e inmigrantes.
La violencia de género hay que abordarla de una manera integral y no sólo en uno de sus aspectos, aunque sea el más extremo, como lo son las muertes por violencia de género (74 mujeres víctimas mortales en 2008). Por ello, en la medida en que las iniciativas políticas y legislativas no aborden todos y cada uno de los aspectos estructurales de discriminación y violencia con medidas preventivas y transversales, basadas prioritariamente en la educación, prevención y detección precoz, se seguirá actuando con una ceguera de género que impedirá una política eficaz e integral en la lucha por la erradicación de la violencia contra las mujeres.
En tercer lugar, y como se viene señalando desde fuentes sindicales, las mujeres son las personas más vulnerables ante la crisis económica, al no contar con las mismas oportunidades económicas y laborales y sociales que los hombres. A pesar de que la crisis mostró en sus inicios despidos masivos en sectores masculinizados (construcción), partimos de un situación de desigualdad que, en todo caso, está acercando a los varones a las precarias condiciones de empleo de las mujeres. Actualmente, hay más mujeres en paro y durante más tiempo, y además tienen una insuficiente protección social.
Cabe pensar que cuando las consecuencias de la crisis se agraven en el sector servicios, las desigualdades de género y la precariedad económica y laboral de las mujeres se agraven. Por ello, en las medidas para afrontar la crisis no puede obviarse la perspectiva de género pues además esta peor situación económica (peores salarios, pensiones más bajas, empleos de peor calidad y más desempleo) se da cuando las encuestas muestran que las mujeres trabajan muchas más horas en total que los varones.

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Profesor albaceteño con más de 34 años de ejercicio. Logopeda y especialista en Pedagogía Terapéutica. Ya jubilado. Miembro de la "Comunidad del Olivo" que forma parte de las Comunidades Cristianas Populares (CCP) y en cuya coordinadora estatal, representa a las Redes Cristianas, en cuya coordinadora estatal participa actualmente. También es miembro del consejo de redacción de UTOPIA, la revista de cristian@s de base. Pertenece a ATTAC, al colectivo de Apoyo al Inmigrante -ACAIM-, a la PAH (Stop Desahucios AB) o a la Plataforma contra la militarización de Albacete, CONMILAB, entre otras. Fue coordinador provincial de Nueva izquierda, desde su creacion. Posteriormente fue coordinador provincial de Izquierda Unida, desde 2007 hasta su dimisión en diciembre de 2010; candidato al Senado en 2004; compañero de Cayo Lara en la candidatura al parlamento regional de CLM en 2007; cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Albacete en 2008; candidato a las elecciones europeas por «La izquierda», y hasta julio de 2011, miembro de su Consejo Político Federal. Tras su paso activo por el 15-M, contribuyó a la creación de PODEMOS en Albacete, formación a la que pertenece y en la que ha sido el responsable de "Laicidad y Libertad de conciencia" del primer Consejo Ciudadano Estatal al que perteneció desde Noviembre de 2014 -Vistalegre I-, hasta Vistalegre II en febrero de 2017. En la actualidad es un mero militante.

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