LA LEY DEL APARTHEID
La nueva Ley de extranjería es un paso atrás en la lucha del hombre por la igualdad y la libertad. Es uno de los más graves atentados a los derechos humanos desde la instauración de la democracia en España. Está provocando una reacción de rechazo generalizada, lógica entre cualquiera que repulse una legitimación, tan descarada y prepotente además, de una nueva categoría de excluidos, parias entre los parias del mundo rico. Vulnera la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Pactos Internacionales de la ONU de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo y es inconstitucional.
Que se regulen los no derechos de las no personas, a quienes se pretende reducir a nadies, a invisibles, a ilegales, es algo que no podrá tolerar la conciencia de la mayoría de los españoles, porque hasta al más insensible no le parecerá ético que se consagre por ley la discriminación en función del origen. Otras discriminaciones seculares están consagradas por la costumbre y por la ideología neoliberal, pero ahora pretenden que veamos como algo natural el que a nuestro lado haya personas a quienes se les reduce, por ley, a OPNIS (objetos personales no identificados). Sólo se les permite entrar con un permiso de residencia y de trabajo, el no tenerlos es motivo de expulsión por un nuevo procedimiento de urgencia que vulnera la tutela judicial efectiva, y sólo si es trabajador legal tiene derecho a la reunión, manifestación, asociación, participación pública, derecho a la educación no obligatoria, derecho al trabajo, derecho a la sindicación y huelga, derecho a la asistencia jurídica gratuita… A los «sin papeles» se les niega el derecho a la asistencia sanitaria pública, salvo la de urgencia, a no ser que se empadronen, pero si se empadronan se exponen a la expulsión en 48 horas. La nueva ley suprime el derecho de los familiares a reagruparse con el inmigrante legal, aumenta el plazo necesario de 2 a 5 años para la regularización permanente de los irregulares, siendo ahora potestativo del Gobierno concederla, y se elimina el derecho de los regularizados por este medio a un permiso de trabajo, por lo que si no hay permiso de trabajo no se podrá acceder a la regularización aunque se cumplan los 5 años. Con la nueva ley la oferta de empleo a inmigrantes, el Contingente, puede ser anual, no obligatoriamente y se dirige a trabajadores extranjeros «que no se hallen en España», por lo que tampoco por esta vía podrá legalizarse la situación de los trabajadores irregulares que viven en España.
La política disuasoria para que no vengan más extranjeros que los que supuestamente se necesitan ha conducido a una ley inhumana, que institucionaliza el apartheid de los inmigrantes sin permisos de trabajo y residencia. Esto es racismo institucional y fomenta el racismo y la xenofobia en la sociedad, al presentar como algo natural el que exista esta especie de régimen de castas. Además de no ética, esta ley es poco realista, porque por mucho que se empeñen en crear unas condiciones de vida sin derechos y en la clandestinidad para los irregulares, siempre serán mejores que las que padecen en sus países de origen y van a seguir viniendo.
Creemos necesario un movimiento de resistencia activa en contra de esta ley, nos declaramos insumisos a ella, propugnamos la desobediencia civil de las asociaciones, partidos políticos, sindicatos e instituciones públicas para promover la integración de los «sin papeles» y apoyamos todas las acciones tendentes a que se derogue cuanto antes. Felicitamos a Izquierda Unida por su iniciativa de presentar Recurso de Inconstitucionalidad, que esperamos que se consiga en Aragón, en donde el Parlamento autónomo, ha aprobado una resolución presentada por IU, en la que se insta al Ejecutivo autónomo a presentar un recurso de inconstitucionalidad a la ley de extranjería. No entendemos la actitud de la dirección nacional del PSOE de no apoyar esta iniciativa de IU e instamos a José Bono a que presente un Recurso de Inconstitucionalidad a iniciativa propia, ya que en Castilla La Mancha no hay diputados de IU. La solución no es, como propone Rodriguez Zapatero, un pacto de Estado para la política de inmigración y no tocar la ley, esto podría solucionar el problema de los inmigrantes ilegales que viven ahora en España, pero seguiríamos con una ley que no respeta la más elemental consideración hacia el ser humano. La Iglesia ya ha expresado su rechazo a esta ley, pero nos gustaría que asumiera un papel mucho más activo en esta lucha. Las iglesias y locales parroquiales son un lugar idóneo para encierros de inmigrantes, para organizar la resistencia a los atentados contra los derechos humanos.
Esta ofensiva humanista e ideológica se enmarca en la misión, que todo cristiano debe asumir, para la construcción de un mundo de iguales, sin que ninguna frontera legitime su maltrato, para transformar en derechos de la persona los dos únicos derechos que han quedado hasta hoy reservados a los ciudadanos: el derecho de residencia y el derecho de circulación en nuestros privilegiados países. Si no logramos que se derogue esta ley, «el mediterráneo seguirá encargándose de las tareas de limpieza étnica para que España y Europa puedan seguir amodorradas en el sueño hipócrita de que tales cosas sólo ocurren en Kosovo» (I. Zubero).
Comunidades Cristianas de Betania, El encuentro, El olivo y Nazaret.
