Igualmente habría que recordar que la Diversidad funcional suele hacer referencia a estos tres tipos principales:
1. La Física o motriz, que afecta al movimiento o la coordinación corporal.
2. La Sensorial, que incluye la diversidad visual, auditiva o multisensorial, y
3. La Intelectual y/o psíquica, que está relacionada con el funcionamiento cognitivo o mental.
Y, en tercer lugar, sería bueno repasar -aunque brevemente- la evolución histórica del estigma sobre la diversidad funcional que abarcaría 3 grandes etapas (o 6 como veremos mas abajo) como son:
1. La de supervivencia y rechazo de la antigüedad, donde las diferencias físicas o mentales se asociaban a una carga o inutilidad biológica y, por ello, provocaba el abandono o la marginación.
2. La del modelo demonológico de la Edad Media, donde la diferencia corporal o mental se interpretaba como un castigo divino o posesión demoníaca, para justificar la reclusión o directamente el ataque, y
3. La del modelo organicista y/o rehabilitador del siglo XX, donde la medicina trató la diferencia como una patología que debía ser curada o normalizada según un estricto…
Una vez hechas estas tres precisiones, quiero compartir la reflexión mantenida en la Plataforma Democrática de Diversidad Funcional (PDDF) (vinculada a la asociación PUEDO para la democratización de la ONCE)
(@PlaDeDiFu1) sobre este tema que llevaría el título que antecede y que me envía Paco Melero
Diversidad funcional: el estigma que no cesa
Marginación, abandono, o simplemente la eliminación directa de la persona, han sido el destino de las personas con Diversidad Funcional a lo largo de la historia. Sin embargo, el tratamiento de la Diversidad Funcional no ha sido estático; ha evolucionado desde el rechazo instintivo y la supervivencia biológica hasta un enfoque moderno de derechos humanos y accesibilidad universal.
Diversidad Funcional: De la Supervivencia a los Derechos incumplidos
Diversidad Funcional y Dependencia, una Cuestión de Justicia Social
Actualmente Diversidad Funcional y Dependencia no existen en el debate ni en el ideario político-reivindicativo de partidos y sindicatos (más allá de algún Programa electoral o reivindicativo Constituyendo una inhibición grave e injusta con respecto a este colectivo desdeñando además, las recomendaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad (CRPD/C/ESP/CO/2-3, 2019), del Art. 49 de la Constitución y de las leyes que concretan y desarrollan los derechos de estas personas. En España —4,38 millones de Personas con Diversidad funcional y 1,63 millones en situación de dependencia— ven vulnerados derechos fundamentales por la desinversión pública y el incumplimiento sistemático de las leyes.
La dimensión demográfica de los posibles interesados en estos problemas por cercanía familiar, la obtenemos tomando los datos más conservadores del estudio “ESTIMACIÓN DEMOGRÁFICA POR INFERENCIA ESTADÍSTICA.” que adjuntamos, teniendo en cuenta los cuatro primeros grados de consanguinidad, (cónyuges, padres, hijos, hermanos, tíos, primos,) Nos dan entre 23M y 33M de personas, interesadas por cercanía familiar, entre el 48% y el 68% de la población (que no es baladí), en Madrid aproximadamente 4.000.000 de personas.
Lamentablemente, las instituciones públicas, en todos sus niveles, son las principales responsables de esta situación, incumpliendo y dejando incumplir al resto de estamentos las leyes correspondientes. Constituyendo un problema de marginación e injusticia que se ve agravado por el estigma histórico heredado y conculcado en España, en los últimos tiempos por la Dictadura Franquista.
El incumplimiento actual de las leyes en estos sectores está haciendo, que la situación en ellos se estanque y en otros muy sensibles retroceda. Señalamos algunos ejemplos que nos aporte luz al tema; la ATENCIÓN TEMPRANA, fundamental para que se minimicen los efectos de cualquier trastorno en el desarrollo y por tanto en el futuro estado personal de la niña o el niño, se aplica entre el nacimiento y los seis años que es cuando el cerebro tiene la plasticidad adecuada para que los resultados sean los más satisfactorios posible. Pero la mencionada desinversión de las comunidades en asuntos sociales y la indiferencia estatal, hacen que miles de niñas y niños se hallen en lista de espera, aproximándose estas a los tres años en algunos casos como en la comunidad de Madrid. Si añadimos que los tratamientos privados, a los que acuden las familias para paliar la situación son muy caros, el componente de clase hace su aparición, siendo las niñas y niños de las familias más vulnerables las que quedan en la exclusión y la marginalidad.
EL DERECHO A LA EDUCACIÓN INCLUSIVA de las personas con Diversidad
Funcional: Es Violado por el sistema educativo español sistemáticamente, según ha señalado reiteradamente el Comité de la ONU. La coexistencia de Centros de Educación Especial (CEE), que el Comité de la ONU considera un sistema discriminatorio e incompatible con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Con Insuficiencia de Recursos, técnicos y financieros. Tasas de abandono escolar, niveles de analfabetismo significativamente más altos que la población general. Evaluaciones psicopedagógicas dirigidas a la segregación. La educación inclusiva está sufriendo ataques continuamente en pos de la segregación y de la desinversión.
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
La Accesibilidad Universal permitiría que cualquier persona, con o sin Diversidad Funcional, potencie su autonomía personal, y la óptima utilización de cualquier recurso urbanístico, arquitectónico, de transporte, de comunicación, productos o servicios. Es una de las asignaturas pendiente de las instituciones, en todos sus niveles. Por el contrario, debe convertirse en un eje ineludible de la acción política puesto que beneficia a toda la población. paradójicamente, los organismos más cercanos a la población, Autonomías, Diputaciones y ayuntamientos los obstáculos mayores para su desarrollo.
LA LISTA DE ESPERA EN CENTROS OCUPACIONALES aumenta constantemente. No se construyen Residencias y para optar, a las pocas que hay, se dan listas de espera de hasta diez años, recayendo sobres las familias, los cuidados que debería estar prestando el estado.
LA SITUACIÓN DE LA DEPENDENCIA está expuesta en los siguientes datos:
4.000 millones extra de financiación estatal en los últimos tres años no se ven reflejados en una mejora substancial de la atención a la dependencia. Se está abandonando sin atenciones a las 150.000 personas que están a la espera de un procedimiento.
Al ritmo del último año se tardarían más de 8 años en alcanzar la plena atención. Aproximadamente 40.000 personas fallecen al año esperando ser valoradas o atendidas. Cada 12-13 minutos fallece en España una persona en las listas de espera de la dependencia.
Se mantienen las desigualdades entre territorios. Castilla La Mancha y Castilla y León alcanzan en la Escala del Observatorio la mayor puntuación (8,3). Cataluña y Murcia las que menos (1,7).
La Asistencia Personal malvive en un reino de Taifas y de infradesarrollo, donde cada Comunidad Autónoma tiene su regulación, débil por otra parte, con ayudas a la baja. Aunque la inversión en esta prestación tiene un retorno de casi el 100% para la sociedad, urge redactar y difundir un informe del retorno de las inversiones en Servicios Sociales para la sociedad que será esclarecedor.
Tras 44 años de la aprobación de la LISMI (1982), la misma Administración Central admite que no cumple la cuota del 2%, haría falta incorporar del orden de un 1% todavía. Así mismo para las empresas la LGD es un coladero para desviar el asunto en la toma de “medidas adicionales”, esto para las que “cumplen”, porque el 81% de dichas empresas incumplen directamente, además la desigualdad se enseñorea en la comparativa entre trabajadoras con Diversidad Funcional y las que no lo son, según el Observatorio Estatal de la Discapacidad las Personas con Diversidad Funcional cobran 4.485 € menos que el resto, la precariedad está servida para estas Personas.
Informe sobre los perjuicios derivados de las prolongadas listas de espera en la valoración y revisión del grado de discapacidad. Las demoras prolongadas en la valoración inicial o en la revisión del grado de discapacidad generan perjuicios graves y acumulativos para las personas solicitantes y sus familias. Estas esperas pueden superar ampliamente el plazo máximo de seis meses previsto para resolver y notificar el procedimiento. El Defensor del Pueblo ha documentado casos con demoras de entre un año y medio y cuatro años. Defensor del Pueblo
1. Retraso en el acceso efectivo a derechos y prestaciones. Sin resolución o sin una revisión actualizada, la persona puede quedar excluida o demorada en el acceso a prestaciones, beneficios fiscales, ayudas técnicas, programas de empleo, vivienda, transporte, becas y otras medidas vinculadas al grado reconocido.2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Agravamiento de la vulnerabilidad económica. La falta de reconocimiento a tiempo puede impedir percibir ingresos o apoyos destinados a afrontar gastos adicionales de salud, cuidados, movilidad, adaptación del hogar, productos de apoyo o atención especializada. Esto afecta especialmente a quienes carecen de recursos propios o dependen de una única renta familiar.
Falta de respuesta ante el empeoramiento de la salud. En los procedimientos de revisión, la demora implica que la Administración continúa utilizando una valoración que puede no reflejar el estado funcional actual de la persona. Ello puede dejar sin cobertura necesidades nuevas o agravadas o producir retrasos en la edad de jubilación (que puede llegar a los seis años) con las consecuencias sociales, de salud, físicas y psíquicas para el afectado y su familia.
Obstáculos para la inclusión laboral y educativa. El reconocimiento del grado puede ser necesario para acceder a cupos de empleo, adaptaciones, medidas de apoyo, orientación laboral, becas o recursos educativos inclusivos. La espera prolongada limita la autonomía y puede hacer perder oportunidades de formación o contratación.
Sobrecarga de las familias y de las personas cuidadoras. Mientras no se reconoce o actualiza la situación, las familias asumen en solitario cuidados, desplazamientos, gastos y gestiones administrativas. Esta carga puede producir desgaste físico, emocional y económico.
Riesgo de desigualdad territorial. Los tiempos de espera varían entre comunidades autónomas y centros de valoración. Como consecuencia, el acceso real a los mismos derechos depende en parte del lugar de residencia, comprometiendo la igualdad en el acceso a la protección social.
Deterioro de la salud mental y emocional. La incertidumbre, la necesidad de justificar repetidamente la situación de discapacidad y la falta de respuesta administrativa pueden generar ansiedad, frustración, sensación de abandono institucional y pérdida de confianza en los servicios públicos.
Pérdida de oportunidades y de efectos útiles. Una resolución tardía puede llegar cuando una ayuda, convocatoria, plaza o medida de apoyo ya ha vencido. Aunque posteriormente se reconozca el grado, el perjuicio ocasionado durante la espera puede resultar difícil o imposible de reparar. Como ocurre con la Atención Temprana que de no aplicarse inmediatamente puede causarretrasos importante en el desarrollo cerebrar de las niñas y niños y por consiguiente un mayor grado de discapacidad.
9. Incremento de la burocracia y de los costes indirectos. Las personas solicitantes deben actualizar informes médicos, acudir a nuevas citas, realizar desplazamientos y presentar reclamaciones o recursos. Estas gestiones son especialmente gravosas para quienes tienen movilidad reducida, enfermedades crónicas o dificultades de comunicación.
10. Afectación a la dignidad y a la autonomía personal. La espera prolongada obliga a muchas personas a depender durante más tiempo de familiares, entidades sociales o recursos informales. Esto limita su capacidad de decidir sobre su vida, participar en la comunidad y desarrollar un proyecto vital independiente.
11. Riesgo de exclusión social. La acumulación de carencias económicas, falta de apoyos, desempleo, dificultades de movilidad y deterioro emocional puede empujar a la persona y a su entorno a situaciones de aislamiento o exclusión.
12. Incumplimiento del deber de resolución en plazo. El retraso generalizado afecta al derecho de la ciudadanía a una buena administración y a recibir una resolución expresa en plazo. El artículo 9 del Real Decreto 888/2022 establece un plazo máximo de seis meses desde la presentación de la solicitud. Imserso.
13. Retrasos en la edad de Jubilación, que puede llegar a los seis años, causando perjuicios, en algunos casos graves, a nivel personal y familiar.
En conclusión, las listas de espera prolongadas no constituyen una mera incidencia administrativa: retrasan derechos, agravan desigualdades y pueden comprometer la salud, la autonomía, la estabilidad económica y la inclusión social de las personas con discapacidad y de sus familias.
Resulta necesario reforzar los equipos de valoración, priorizar los casos de especial vulnerabilidad o empeoramiento clínico y garantizar el cumplimiento efectivo de los plazos legales y la corrección de las desigualdades territoriales con el control del Estado. Es lacerante y desolador contemplar como las compañeras firman convenios tras convenios en empresas y ayuntamientos y acuerdos a todos los niveles sin que les importe lo más mínimo este problema y la situación de injusticia y abandono que arrastra históricamente. Es evidente que esta desafección estigmática tiene reflejo, también en organizaciones progresistas y en las llamadas transformadoras , por lasituación general que vivimos con respecto a las Personas con Diversidad Funcional.
Por ahondar en la situación si observamos es muy raro que, si no hay alguien implicado directamente en el tema, algún componente de los grupos de las redes sociales en las que participamos difunda alguna noticia sobre Diversidad Funcional o Dependencia.
No sabemos cómo calificar que en ayuntamientos donde gobiernan partidos que se denominan progresistas o transformadores la situación es muy parecida.
Compañeras estamos ante una causa universal y quizás con más necesidad de reconocimiento y de justicia que cualquier otra.
La Diversidad Funcional es la característica presente en todos los miembros de la sociedad que de una forma o de otros nos iguala.
¿Pero quién en una forma u otra, en una situación u otra, en un momento de la vida, no estamos afectados?.
