¿Bukele merece un premio a “Libertad de conciencia”? ¡Amos anda!

Al ultraderechista grupo parlamentario “Europa de las Naciones Soberanas” (ESN) no se le ha ocurrido otra cosa mejor que proponer al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, como candidato al Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia de 2026 y que por sus políticas de ¿seguridad pública?, según la agencia alemana de noticias (Deutsche Presse).
Barbaridades aparte, y siendo cierto que, en El Salvador aumentó la sensación de seguridad entre la gente y que disminuyeron los homicidios pandilleros, esto no puede ser a costa de atentar contra los DDHH y del empobrecimiento del pueblo.
Por todo ello, desde aquí firmo y hago mía la seria campaña que acaban de lanzar los COR de España (Comités de solidaridad Oscar Romero) expresando claramente las razones de la misma.

RECHAZO DE LOS C.O.R. A LA CANDIDATURA DE NAYIB BUKELE AL PREMIO SÁJAROV
Estamos informados de que algunas personas e instituciones proponen, entre otros, a Nayib Bukele como candidato al Premio Sájarov.
Cuando el papa León XIV visitó la ciudad francesa de Metz, recordó a Robert Schuman, uno de los artífices fundamentales de la construcción europea, cuyo lema fue la paz y la concordia.
Por tanto, las comunidades y personas cristianas, siguiendo las palabras de León XIV en Francia, no podemos comulgar con Cristo y luego comulgar con la injusticia. Por ello, rechazamos la propuesta de que Nayib Bukele sea presentado como candidato al Premio Sájarov.
Es cierto que, durante el gobierno de Nayib Bukele, han disminuido los homicidios y las pandillas (MS-13 y Barrio 18) son más débiles. Las zonas antes controladas por estos grupos de delincuentes volvieron a ser transitables para la población y se redujeron las extorsiones a comerciantes y transportistas, lo que aumentó la sensación de seguridad.
Por eso Nayib Bukele mantiene niveles de aprobación elevados entre gran parte de la población salvadoreña, debido a los resultados percibidos en materia de seguridad.

LAS RAZONES DE NUESTRO RECHAZO
- La violencia estructural ha empeorado La violencia estructural, la que tiene que ver con las necesidades humanas básicas, lejos de mejorar, ha empeorado.
- Un precio social desproporcionado en derechos humanos El precio social pagado por la población salvadoreña en términos de derechos humanos ha sido desproporcionado. Organizaciones nacionales e internacionales han denunciado reiteradamente detenciones arbitrarias, muchas de ellas de personas defensoras de los derechos humanos.
- Ausencia de debido proceso y silenciamiento de la disidencia Se han normalizado la falta del debido proceso y las condiciones inhumanas en las cárceles durante el régimen de excepción, aplicado a priori contra las pandillas, pero utilizado para callar cualquier voz disidente.
- Un régimen de excepción convertido en permanente Un régimen de excepción debe ser de carácter «excepcional». Es totalmente antidemocrático mantenerlo hasta la actualidad, de manera ininterrumpida, durante más de cuatro años y medio.
- Torturas, malos tratos y desapariciones forzadas en las cárceles El presidente se jacta de haber construido la cárcel más grande de América Latina, con espacio para 40.000 presos. Organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch, Cristosal y Amnistía Internacional han publicado informes que recogen testimonios de personas detenidas que describen aislamiento, torturas, negación de atención médica y otras formas de maltrato. Además, Amnistía Internacional ha denunciado detenciones arbitrarias, torturas y desaparición forzada en el contexto de la política de seguridad salvadoreña.
- Cientos de muertes bajo custodia del Estado Diversos grupos de derechos humanos han afirmado que cientos de personas detenidas han fallecido en la cárcel durante el estado de excepción iniciado en 2022. Algunas organizaciones atribuyen esas muertes a las malas condiciones, la falta de atención médica o los abusos.
- Concentración de poder y debilitamiento de los contrapesos democráticos Personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos han señalado que el presidente Bukele ha acumulado un poder excesivo sobre el Ejecutivo, Legislativo y el sistema judicial, debilitando los contrapesos democráticos.
- Militarización de la vida pública Se ha señalado un aumento de los efectivos y de los recursos económicos destinados a las Fuerzas Armadas, a las que se atribuyen funciones que exceden sus competencias y que, en colaboración con otras fuerzas del orden del Estado, han sido utilizadas para sembrar terror y miedo entre la población. Resultan llamativos episodios como la entrada de militares al Parlamento en 2020 o la militarización de carteras civiles como el Ministerio de Educación. Todo ello ha sido visto como señales contrarias a la democracia.
- Opacidad y falta de transparencia en la gestión pública Diversos medios y organizaciones han cuestionado el uso de fondos públicos en la publicidad gubernamental, la eliminación del acceso a la información y la falta absoluta de transparencia en la gestión gubernamental.
- Reformas constitucionales para perpetuarse en el poder Las reformas constitucionales que facilitan la continuidad de Bukele en el poder han generado preocupación entre sectores que consideran que afectan la participación ciudadana y el ejercicio de las libertades democráticas.
- Sometimiento a la Sociedad Civil En mayo de 2025 se publicó la LEY DE AGENTES EXTRANJEROS , que dificulta, y fiscaliza a cualquier organización que reciba fondos internacionales, -incluso para la Solidaridad o la defensa de los Derechos Humanos- gravando fiscalmente dichos fondos con un 30% de impuestos y pudiendo sancionar con multas de 100.000 a 250.000 dólares a las que no se sometan a las directrices ideológicas presidenciales.

EN SÍNTESIS
Los supuestos logros del presidente Bukele se han obtenido a costa de debilitar las instituciones democráticas, concentrar el poder, restringir garantías fundamentales y violar de forma sistémica los derechos humanos, con detenciones arbitrarias, torturas y fallecimientos de reos.
Es importante señalar que un Estado democrático debe desarrollarse en un marco que integre la seguridad de la población con el escrupuloso respeto a los derechos humanos. Por lo tanto, no tiene sentido el planteamiento de tener que elegir entre una cosa u otra para justificar la injusticia, con la que no podemos comulgar.
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