La “Directiva de la Vergüenza”, como así la vienen denominando las asociaciones de Derechos Humanos que la condenan, y que afectará a unos 10 millones de personas en toda Europa supone la continuidad de las políticas represivas de la Unión en este ámbito e institucionaliza la desaparición de los derechos fundamentales de las personas inmigrantes.
El texto que se aprobó el pasado 5 de junio por los Ministros de Interior de los 27 Estados de la Unión Europea y que hoy día 18 se ha ratificado por el Parlamento de la Unión ,sin enmienda alguna a pesar de lo declarado por los socialistas, posibilita la detención casi automática y bajo justificación administrativa, lo que la convierte en una detención arbitraria que contraviene el Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos.
También incluye la inaceptable propuesta de ampliación del plazo de la detención de 6 a 18 meses -en el caso español ahora es de 40 días-, sólo tiene como objetivo castigar y controlar a los extranjeros, aumentando en sufrimiento de los retenidos, puesto que los centros de internamiento –esos CIEs que parecen cárceles y no lo son- presentan condiciones deplorables.
Desde Izquierda Unida recordamos -como así lo ha señalado un informe de la propia Comisión de Libertades del Parlamento Europeo-, que en España se vulneran gravemente los derechos fundamentales de los extranjeros que, por estar en situación administrativa irregular, se encuentran literalmente detenidos en estos CIES de carácter penitenciario en condiciones lamentables y sin que se pueda ejercer control externo alguno en la gestión de los mismos.
En la Directiva consensuada por los 27 se sistematiza la prohibición durante 5 años de readmisión en territorio europeo para las personas expulsadas, lo que supone un castigo y una estigmatización de los inmigrantes, además de una violación del derecho de reagrupación familiar, cerrando a su vez la puerta a la posibilidad de que estas personas puedan venir a Europa en intercambios culturales o profesionales.
Tampoco nos parece de recibo, aunque fuese éste aspecto que generó más desacuerdo entre los Estados miembros, la obligatoriedad de prestar asistencia jurídica al candidato a ser expulsado. Alemania, Austria y Grecia no aceptaban los costes que esto supondría al Estado, por lo que finalmente la Directiva no armoniza este derecho y lo deja sometido a las condiciones de cada Estado.
Uno de los puntos que nos parecen más aberrantes, es el referente a los menores. Con la directiva aprobada los menores no acompañados recibirán el mismo trato que los adultos, pudiendo ser retenidos en centros de internamiento y expulsados, en clara violación del principio fundamental del interés superior del menor recogido por el Comité de Derechos de los Niños de Naciones Unidas.
En definitiva, tenemos que seguir dando la batalla en la calle para intentar paralizar esta nefasta Directiva, que pretende ser la pieza fundamental de la política represiva de la UE hacia las personas inmigrantes y que al final es la excusa de los gobiernos de la Unión para aplicar las políticas mas duras contra estos nuevos ciudadanos. Desde el Grupo de la Izquierda Unitaria Europa nos hemos opuesto, como ya lo hicimos en su día en la Comisión de Libertades, a la aprobación de un texto legislativo que viola claramente los derechos fundamentales de las personas inmigrantes.
