Una reforma “ofensiva, regresiva, reaccionaria y profundamente injusta”, según Jueces para la Democracia… El 19-F … ¡YO VOY!

Este 19 de Febrero, yo también estaré en la calle y por muchas razones:

* Primero, porque no puedo darle más margen a un gobierno que nos ha mentido tan reiteradamente, -la pasada legislatura en la oposición y recientemente en la campaña electoral-, prometiendo una reforma laboral que no abarataría el despido entre otras falsedades, para ganar unas elecciones como desgraciadamente así lo ha hecho. Con una mayoría absoluta –en el terreno político, que no en el social- gracias a una Ley electoral totalmente injusta.

Pinchen y vean este enlace de “lasmalaslenguas.es” que recopila alguna de esas mentiras en boca de los mas altos cargos y dirigente del PP: Desde Mariano Rajoy o González Pons que cacarearon una reforma laboral sin abaratar el despido, a la actual vicepresidenta del gobierno, Soraya Saínz de Santamaría, que reprochó la reforma anterior por que se centraba en el despido; pasando por Javier Arenas que señaló que una reforma sin el consenso sindicatos/patronal no serviría para nada; o la inefable Mª Dolores de Cospedal quien aseveró que decretarla así (mediante RDL) era “despótico”

* En segundo lugar iré a la calle por la enorme agresión que supone contra los derechos de los trabajadores. Si bien hemos censurado las reformas laborales anteriores, mas o menos perjudiciales para los trabajadores, (a las que hemos contestado, por cierto, con sus respectivas Huelgas Generales como las de 2002 y 2009), en esta ocasión el PP se ha pasado tres pueblos, por cuanto se vilipendia el constitucional Derecho al Trabajo conquistado hace un siglo, y da al trate con tantas luchas y conquistas del movimiento obrero.

* Y en tercer lugar, saldré a la calle este domingo 19-F, por todo un argumentario de razones que avalan este discurso y que bien podrían resumirse diciendo que la reforma laboral del PP no creará empleo, como así ha reconocido el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ni simplificará el número de contratos, pues antes al contrario añade uno nuevo que consagra el despido libre, y por supuesto no responderá ante los 5 millones de trabajadores en paro, ya que abaratando el despido y subvencionando fuertemente la contratación, como mucho lo que se dará será una rotación de parados con mas precarización y más facilidades para el fraude. Dicho de otro modo, esta contra-reforma laboral lo que conseguirá será:
1. Abaratar los costes salariales, mejorando el beneficio empresarial, reducir los salarios y los costes de la contratación, reducir las cotizaciones a la Seguridad Social, reducir los costes del despido y precarizar los contratos
2.- Desmantelar el movimiento obrero organizado, acabando con el sindicalismo de clase y la negociación colectiva, alejando la solidaridad entre los trabajadores, y
3.- Empoderar casi ilimitadamente a la gran empresa.

Pero para quien quiera saber mas detalladamente sobre esta magna tropelía, no seré yo quien pontifique, puesto que hay organizaciones que ya lo han hecho ampliamente. Por eso y aunque podría haber escogido las razones de algunos sindicatos, por desacreditados que estén aún, como el de CCOO, o el argumentario de algún partido, por minoritario que quieran hacerlo, como IU, cuyas tesis suscribo de cabo a rabo, recojo estas justificadísimas razones de Jueces para la Democracia, con quien difícilmente se puede estar en desacuerdo, por muy forofo y correligionario que se sea del PP, salvo que pertenezcamos a la alta élite empresarial que es a quien favorece finalmente esta contra-reforma.

“Jueces para la Democracia considera que el contenido del Real Decreto Ley 3/2.012, de medias urgentes para la reforma del mercado laboral constituye uno de los mayores ataques al derecho del trabajo y a las instituciones laborales, desde de la aprobación del Estatuto de los Trabajadores, y materializa una reforma ofensiva, regresiva, reaccionaria y profundamente
injusta.
Se adopta de nuevo a través de Real Decreto Ley, sin previa negociación con los agentes sociales, sobre la base de una urgencia que no es posible relacionar con unos objetivos a los que no puede hacer frente, y que se utilizan para atacar a la esencia misma del derecho del trabajo, intentando despojarle del carácter tuitivo y compensador del tradicional desequilibrio
entre las partes de la relación de trabajo.
La reforma laboral introducida por Ley 35/2010 y la posterior Ley 27/2011 en materia de Seguridad Social fueron la antesala a las que ahora se adoptan, pese a que, planteadas como imprescindibles para la creación de empleo y la supervivencia del sistema de protección, no sólo no han generado empleo, sino que han contribuido a su imparable destrucción, agravando la situación que padecemos, producto de la incapacidad de ajustar la economía al empobrecimiento derivado de la crisis bursátil, del desplome de la burbuja inmobiliaria y del imparable avance de la economía sumergida.
Las reformas en materia de Seguridad Social han supuesto un sustancial avance hacia la consolidación de la progresiva reducción del sistema público de protección social. La norma, en mayor medida que sus antecesoras, otorga a los empresarios la facultad de disposición cuasi absoluta de la prestación laboral y modifica las recientes atribuciones competenciales en materia de extinción contractual. La empresa pasa a ser el ámbito preferente de negociación de
las condiciones de trabajo y con ello el empresario protagoniza su establecimiento y modificación, con la consiguiente debilitación de la obligada interlocución con los trabajadores o sus representantes para la adopción de medidas que la habían exigido, relegando al mismo tiempo el papel de la Administración.
Si anteriores reformas laborales incidieron en la reducción de prestaciones y de retribuciones en la Administración Pública, la reforma actual introduce los elementos necesarios para el reajuste retributivo y de condiciones de trabajo en el sector privado a través de las facultades de modificación de la retribución pactada o las posibilidades de descuelgue, no sólo salarial,
sino de la integridad del convenio, limitando la ultra-actividad de su contenido (el Estado niega el acuerdo y voluntad de las partes) y profundiza en la desigualdad entre los sujetos del contrato de trabajo, debilitando paralelamente el papel compensador que constitucionalmente se ha atribuido a los Sindicatos y a la negociación colectiva.
La tutela normativa que había venido otorgándose al trabajador se mercantiliza desde el acceso al empleo, “descentralizándose” en las ETT la colocación, que debía ser la actividad preferente de un servicio público de empleo. Como paliativo al sangrante incremento del desempleo joven se
modifica la contratación para la formación y aprendizaje, tradicionalmente concebida para el acceso al trabajo de trabajadores jóvenes, compatibilizando trabajo y formación. El nuevo “contrato indefinido de apoyo a los emprendedores” desvirtúa la propia finalidad del período de prueba, al fijarlo en un año de duración, reconvirtiéndolo en un contrato a término.
La reforma refuerza el poder unilateral del empresario para modificar cambios de puesto de trabajo, distribución de jornada y movilidad geográfica; modifica el contenido de los acuerdos que se establecieron en los pactos individuales y colectivos (salario, jornada…) lo que puede
provocar la sangrante opción de muchos trabajadores entre ver reducida su retribución y la protección social futura o engrosar la estadística de desempleados, sin garantía de recuperación de las condiciones de aquella transacción si posteriormente el empleador decide extinguir contratos tras nueve meses de disminución de ingresos o ventas.
La nueva regulación pretende limitar, una vez más, las facultades del juzgador para valorar la finalidad y/o razonabilidad de la extinción por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, eliminando los elementos de causalidad finalista, cuando la empresa alegue disminución de ingresos o ventas durante tres trimestres consecutivos, ello limitará la
tutela judicial ante el despido y desincentivará el ejercicio por el trabajador de reclamaciones judiciales.
Esta nueva degradación de la causalidad en el despido, junto a la introducida por el nuevo contrato “indefinido para emprendedores” y a la supresión de la autorización administrativa en despidos colectivos, es contraria al derecho constitucional al trabajo que consagra el art. 35 de la Constitución Española que, como ha recordado el Tribunal Constitucional, integra el derecho a no ser despedido sin justa causa, lo que nos sitúa también al margen de los compromisos asumidos por España con la ratificación del Convenio 158 de la OIT.
La reforma introducida por Real Decreto Ley 3/2012, como la anterior contenida en la Ley 35/2010 y las que a esta sucedieron, no servirá para crear empleo estable, no combatirá la dualidad del mercado de trabajo e introduce un peligroso desequilibrio entre las partes de la relación
laboral, poniendo en peligro la existencia misma del Derecho del Trabajo y la de los valores constitucionales de los que ha venido nutriéndose.
Nuestra obligación como jueces garantes de los derechos fundamentales de los trabajadores es continuar aplicando las leyes laborales conforme a los principios y valores constitucionales, poniendo freno a los posibles abusos que tan amplias posibilidades de disposición del contrato de trabajo que se otorgan al empresario. Seguiremos sin duda en esa línea, obviando las
muestras de desconfianza del legislador materializadas en las reformas introducidas a la ley procesal, aún desde la insostenible carga de trabajo que estamos soportando».

Si te ha gustado, COMPÁRTELO y/o VÓTALO: