Las CCP denuncian la “criminalización de la protesta pacífica” tan propia del tardofranquismo.

El Gobierno prepara una nueva ley de orden público, a la que llama Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana y una nueva ley de huelga a la que llama Ley de Servicios Mínimos, destinadas a impedir las protestas pacíficas ciudadanas, mediante la imposición de multas impagables de tipo gubernativo y que incluyen la creación de un fichero de infractores por la policía. Con ello se da a la ley un sentido policial, que parece tomado de las leyes de orden público del tardo franquismo, que imponía multas sin control judicial, que podían llevar a la cárcel -sin intervención de los jueces- por “arresto substitutorio de multa”.

La Seguridad ciudadana está ya protegida por las leyes, el código penal y los jueces, como ocurre en los estados de derecho. La violencia callejera, la kale borroka, la quema de contenedores, los insultos a la policía, los cócteles molotov, las agresiones físicas, … son delitos ya castigados con penas muy graves. Hace pocos días la Audiencia Nacional condenaba a dos años de cárcel a los que tiraron una tarta a una alcaldesa y les condenaba no por agresión sino por “atentado”. No se puede pedir más protección en un estado de derecho.
La ley de protección ciudadana que prepara el gobierno no está destinada a evitar la violencia callejera sino a evitar la protesta no violenta y la resistencia pacífica. Resulta sintomático que una de las cosas que más preocupan sean las manifestaciones delante del Congreso, que es lo que hizo Luther King en Estados Unidos, o las sentadas pacíficas de resistencia pasiva, que es lo que hizo repetidamente Gandhi, o las concentraciones antidesahucios, o los abucheos a los políticos que es lo menos que puede hacer un ciudadano en estas circunstancias.

La ley pretende eliminar la protesta pacífica dando poderes especiales a la policía, que puede imponer multas impagables al margen de los jueces, a los que es imposible recurrir porque las tasas del recurso contencioso administrativo no pueden pagarlas ni la clase pobre, ni la clase media.

Así que los indignados, los resistentes pacíficos, los no violentos, si quieren protestar quedan fuera del estado de derecho y pertenecen a un estado policial, creado para ellos.
Ante la avalancha de críticas ciudadanas a esta nueva ley, el Gobierno ha rebajado las multas; pero que la cuantía de algunas multas (que no todas), las rebajen de 600.000 a 30.000 y de 30.000 a 1.000 euros, es un tema menor. Lo grave jurídicamente es la creación de un cuerpo policial al margen de los jueces para los que protestan pacíficamente lo que supone la restauración de la policía político-social.

Las Comunidades Cristianas Populares (CCP) protestamos por esta nueva limitación de Derechos a la ciudadanía y denunciamos este estado policial que se prepara, del que no escapan algunos jueces.

Y es que imponer tan duras sanciones económicas (por mucho que después las quieran abaratar) y condenar hasta con penas de cárcel tan solo por ejercer libremente unos derechos ciudadanos como la resistencia pasiva, la desobediencia civil, el derecho de manifestación, o la libertad de expresión, es un abuso de poder que no debemos permitir.
No estamos dispuestos a volver a épocas anteriores como desean estos ministros y no vamos a consentir nuevas mentiras como la del Ministro de Interior con la que pretende justificar este nuevo ataque a los derechos y libertades. Porque no es verdad que “el objetivo principal del nuevo texto legal es el de garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos”.