Hace unos meses escribí un post que tuvo bastante repercusión por cierto, en el que clamaba “ ¡Por el CIErre de los CIEs, ya!
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Aunque se trata de una petición de ACTUABLE, promovida por El Periódico de Catalunya, (http://actuable.es/peticiones/cie ) creo que hay que firmarla por humanidad, no solo por ética, altruismo o ideología.
Tras la muerte de una persona en el CIE de Barcelona, se necesita un reglamento que regule y mejore urgentemente el funcionamiento de estos centros.
Los inquilinos de los centros de internamiento de extranjeros (CIE) no llegan allí por haber cometido ningún delito, simplemente son “sin papeles” que han entrado de forma irregular en España, pero reciben el trato que se otorga a los delincuentes: duermen en celdas y no pueden irse por decisión propia. Algunas de las personas que han estado retenidas y algunas entidades sociales sostienen que sus condiciones son penosas e incluso ha habido denuncias por maltrato. La enorme opacidad de estas instituciones hace que confirmar estas denuncias de forma independiente sea muy difícil.
El viernes pasado, Idrissa Diallo, de 21 años, de Guinea Conakry, murió de un infarto en el CIE de la Zona Franca de Barcelona. Según algunas versiones, no fue atendido a tiempo. La muerte, dice la autopsia, fue por causas naturales. Las peticiones de que el centro sea clausurado arreciaron.
Hay nueve CIE en España, que suman más de 2.500 plazas, y son gestionados por la Comisaría General de Extranjería, dependiente del Ministerio de Interior. Estar en situación irregular en España no es ningún delito, sino una falta administrativa penada con una multa de 500 euros. Sin embargo, a muchas de estas personas se les envía a un CIE por un periodo de hasta 60 días, donde aguardan a que se complete el proceso legal que les devolverá a su país.
El problema, según las entidades sociales, es que apenas se sabe lo que sucede dentro de estos centros. Abundan las denuncias de maltrato. Hace dos meses, algunas entidades como SOS Racisme visitaron por primera vez en la historia el centro de la Zona Franca de Barcelona. Esta y otras organizaciones, e incluso el Col•legi d’Advocats de Barcelona, afirman que los CIE son peores que una cárcel, porque allí no existen las garantías que hay en prisión. En ellos convive gente que no ha delinquido con gente que sí lo ha hecho, un motivo añadido de inquietud para muchos.
Es habitual oír referirse a los CIE como «un limbo legal». Incluso el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, lleva años intentando sin éxito entrar en el de Barcelona. El Sindicato Unificado de la Policía asegura que los CIE son «una zona oscura en el Estado de derecho», y que deberían replantearse.
La carta que puedes firmar en este enlace o en el link azul, dice así:
Sr. D. Jorge Fernández Díaz, Ministro del Interior
Estimado Sr.:
La mayor parte de las personas recluidas en los nueve Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) que existen en España no llegan allí por haber cometido ningún delito, sino simplemente por encontrarse de forma irregular en España. Sin embargo, reciben el trato que se otorga a los delincuentes: duermen en celdas y no pueden irse por decisión propia. Algunas de las personas que han estado retenidas y algunas entidades sociales sostienen que sus condiciones son penosas e incluso ha habido denuncias por maltrato.
La enorme opacidad de estas instituciones hace que confirmar estas denuncias de forma independiente sea muy difícil. La falta de un reglamento de funcionamiento que los regule hace que los CIE se encuentren en un limbo legal, poco propio de un Estado de Derecho como el nuestro. Incluso el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, lleva años intentando, sin éxito, visitar el CIE de Barcelona.
Por todo lo anterior le pido:
1) La aprobación urgente, en consulta con las organizaciones sociales del sector, de un reglamento que acabe con el limbo legal de los CIE y garantice la protección de los derechos de las personas retenidas. Hasta que no se haya aprobado, que los internos en los CIE tengan, como mínimo, los mismos derechos y garantías que en las prisiones.
2) Que la Policía asuma la vigilancia exterior de los CIE y que el interior quede en manos de especialistas en intervención social.
3) Que los diputados que así lo deseen y el Síndic de Greuges puedan entrar en las dependencias para comprobar que se respetan los derechos humanos.
Atentamente,
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