-La represión no es un signo de fuerza, sino de debilidad (Zizek)-
Hace algo más de un año que este gobierno, instalado en la mentira permanente y el incumplimiento de su programa electoral, aprobaba el llamado “Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana”, ya conocido popularmente como “Ley Mordaza”. Una Ley que en lugar de “garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos” como justificaba el ministro Fernández Díaz, lo que pretendía realmente era acallar cualquier disenso social ante sus duras políticas de recortes, corrupción, mentiras, … reprimiendo y criminalizando la protesta pacífica ciudadana. No en vano si a la socialista Ley Corcuera de 1992, que ya aplicaba una serie de restricciones de derechos importantes, se le llamó coloquialmente “Ley de patada en la puerta”, ahora a esta nueva agresión legislativa se le llame “Ley de patada en la boca”.
Una ley represiva que se adelantaba a lo que podía esperarse de un pueblo que ya no aceptara semejante disparates e injusticias como las llevadas a cabo por este gobierno ultraconservador y corrupto que nos ha ido destrozando, viernes a viernes, el escaso estado del bienestar que disfrutábamos. Un gobierno reaccionario y perverso que, con un cinismo inusitado, ha aplicado unas políticas emanadas de la troika neoliberal a base de recortes y ajustes para la mayoría de la población española, mientras rescataba a la gran banca, trataba con guante blanco a los especuladores y grandes empresarios, perdonaba sus impuestos y robaban a manos llenas bien fuera con las comisiones ilegales, las tarjetas Black, el saqueo de las cajas de ahorros, las tramas de corrupción, etc, etc.
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Si hay alguien en este país que vive de otra manera, tanto su lucha como su compromiso, esos son los miles de miembros que hay por toda España en las PAH o plataformas Stop Desahucios. También contra esta ley han convocado diversos actos y concentraciones para protestar pacíficamente, como es su habitual costumbre. Y lo han estado haciendo por considerarla una tremenda e irresponsable barbaridad que nos retrotrae a los peores tiempos del tardofranquismo español al pasar por encima del poder judicial (controlados ya el ejecutivo y el legislativo) y al permitir que, desde las subdelegaciones del Gobierno o con la sola actuación administrativa de la policía, se sancione con enormes multas (que aunque posteriormente las han rebajado siguen siendo desmesuradas) y sin necesidad de pasar por el juez. Todo esto amén de dejar enormemente indefensa a la ciudadanía discrepante, ya que necesitaría varios miles de euros si se quisieran recurrir esas posibles sanciones, gracias a la ley de tasas del inicuo Gallardón.
Muchos son los colectivos que ya se van pronunciando ante tamaño engaño, por parte de un denostado gobierno que, no contento con haber agotado todo tipo de recortes posibles, ahora empiezan a recortar los derechos ciudadanos ante la más que probable movilización de una ciudadanía a la que cada día le queda menos que perder.
Crece y crece el número de activistas sociales multados por participar en concentraciones, manifestaciones y protestas pacíficas por la defensa de la educación, la sanidad, la dependencia o los servicios públicos, contra desahucios y desalojos o por la defensa de los derechos humanos. En muchos casos, las multas se han realizado arbitrariamente y por mera identificación visual, sin que haya habido identificación directa por parte de la policía, lo que confirma la existencia de listas negras y muestra el grado de criminalización de la protesta social al que hemos llegado. Primero con la reforma del Código Penal y, ahora con la «Ley mordaza», ambas normativas sólo van encaminadas a reducir los espacios para la libre expresión y ambas han sido diseñadas para aumentar la represión y la sanción de las prácticas pacíficas de lucha colectiva desarrolladas en los últimos años, como el caso de los «escraches».
Como ya hace tiempo que abandonamos la lucha por esta causa, es preciso volver a salir ya a la calle, porque es de la calle de donde nos quieren echar. Y movilizarnos para expresar nuestro rechazo a estas injustas leyes porque, por muchas veces que nos lo repitan, la protesta social no es ningún crimen y luchar pacíficamente por los derechos y libertades nunca puede ser un delito.
Que no se nos olvide. La verdadera intención de la mal llamada Ley de Seguridad Ciudadana, no es otra que acabar con la protesta pacífica y con los posibles levantamientos que, los recortes de derechos, salarios y libertades, pueden preverse en la ciudadanía cada vez más indignada y dispuesta a todo. Hemos de vivir necesariamente de otra manera. ¡Feliz Año de luchas y esperanzas! Feliz año del cambio.
(Artículo publicado en la sección
«VIVIR DE OTRA MANERA» del Último número -92- de
UTOPÍA,
LA REVISTA DE L@S CRISTIAN@S DE BASE
