LAS COMUNIDADES CRISTIANAS POPULARES
(CCP) ANTE EL CONFLICTO IGLESIA-ESTADO
Con todo el respeto del mundo y en la misma clave de corrección fraterna con la que nuestro gran teólogo González Faus le escribía a sus hermanos Obispos (“… debo confesaros que la institución eclesiástica es hoy la cruz de mi fe”), nosotros hombres y mujeres que creemos en Jesús de Nazaret y que tratamos de vivir nuestra fe en pequeñas comunidades cristianas (CCP) dentro de esta misma iglesia católica, queremos aportar nuestra voz, con el mismo derecho con el que lo hace la jerarquía, -aunque sea de manera distinta y a veces contraria-, sobre este debate Iglesia-Estado que cada día inunda los informativos.
AFIRMAMOS, en primer lugar, que los Obispos no representan en absoluto la situación plural de la Iglesia; es más, que en cuestiones de moral sexual, tienen enfrente a millones de católicos que difieren de su doctrina oficial. Jaleados por los movimientos neoconservadores que tienen en su seno (Opus Dei, Comunión y Liberación, Kikos, Legionarios de Cristo, etc), sólo a ellos movilizan, ya que ni los cristianos de base, ni muchas órdenes religiosas, ni de momento algunas diócesis españolas (Cataluña, País Vasco y Navarra) comparten las agresivas movilizaciones que andan alentando.
LAMENTAMOS, con enorme dolor, esta campaña orquestada por la jerarquía contra las últimas medidas legislativas del gobierno, porque en lugar de alzar su voz por la acogida de los inmigrantes, la defensa de los pobres o las injusticias sociales, andan más preocupados por mantener unos inadmisibles privilegios –en una sociedad que ya no es católica constitucionalmente- y por defender una injusta y beneficiosa financiación, que ya debería tener resuelta por la vía de sus fieles.
RECONOCEMOS que los Obispos tienen todo el derecho a opinar sobre cualquier tema social, como lo tenemos cualquier ciudadano; lo que no tienen derecho es a tratar de imponer sus opiniones, pretendiendo que se conviertan en leyes para todos o que se vaya en contra de ellas. ¿Qué diríamos si los imanes en las mezquitas pretendieran que los españoles no comiéramos carne de cerdo? ¿Y si los testigos de Jehová nos impidieran realizar transfusiones de sangre? ¡Que barbaridad! ¿no?; pues lo mismo, cuando los Obispos católicos, cual si estuvieran en la época medieval o en la España franquista, pretenden que todos los ciudadanos, creyentes o no, acatemos unas ideas, que además de no ser dogmas, están muy alejadas de lo que piensan y hacen la mayoría de los cristianos, sobre todo en materia de moral sexual.
CREEMOS, que en el fondo de todas estas protestas subyace el tema de la financiación de la Iglesia Católica, la cual debería hacerla con sus propios recursos y las aportaciones de sus fieles. Es curioso que sólo un 30% de los declarantes de la Renta ponen la X para que el 0,52% de sus impuestos vayan a la Iglesia Católica. ¡Luego decimos que en España hay una mayoría sociológica católica! En 1987 y fruto de los acuerdos Iglesia estado, se le concedieron de manera transitoria y por tres años las ayudas necesarias hasta su completa autofinanciación; Quince años después la aportación del estado, al no llegar la de los fieles, ha superado los 450 millones de euros, ¿hasta cuando?.
QUEREMOS pronunciarnos sobre las otras medidas sociales más polémicas, y aunque analizarlas en profundidad sería interminable y menos en un artículo, ya largo de por sí, intentaremos decir unas palabras, aún a riesgo de caer en peligrosas simplificaciones.
APOSTAMOS por una escuela pública y laica, al igual que para la subvencionada con fondos públicos. El tema de la religión, como ya hemos publicado más extensamente en otro comunicado (“La escuela no es el ámbito educativo de la Fe”, debe impartirse en las catequesis, parroquias, comunidades, iglesias o mezquitas.
ENTENDEMOS que ninguna confesión tiene el derecho de manipular cuestiones pertenecientes a la sociedad civil (en la que hay creyentes y no creyentes), DISCREPAMOS, con la jerarquía católica en temas tan personales como la eutanasia, de la que por cierto no entendemos el revuelo armado cuando el gobierno no la piensa legalizar al menos en esta legislatura, la investigación con células madre, siempre y cuando se haga sólo con fines terapéuticos y estrictos controles, la despenalización del aborto en las 12 primeras semanas por el cuarto supuesto, o la agilización del divorcio, cuya ley ya está vigente en España desde 1981.
RATIFICAMOS, finalmente, nuestra apuesta decidida por una Iglesia libre y liberadora, capaz de inculturarse como fermento en unas sociedades laicas, plurales y democráticas; una Iglesia que no quiera privilegios ni se arrime tanto al poder, y una iglesia, en definitiva, que desde la opción por los pobres -que debiera ser su ideario-, promueva en sus fieles la lucha por la Paz, la Justicia y la Libertad.
(*)Luis Ángel Aguilar Montero, en representación de las Comunidades Cristianas Populares de Albacete
